La Participación Ciudadana en la Gestión de Riesgos y el Desarrollo Municipal

El marco jurídico existente y las políticas que establecen la importancia de la participación ciudadana en los procesos de control y gestión pública.

Asimismo, la reducción de riesgos de desastres se ha convertido en una tarea que involucra a todos los sectores (públicos y privados) y al mismo tiempo se vuelve un desafío para el desarrollo local.

En las últimas décadas el país ha sufrido los embates de los desastres.

Hemos sido testigos de los procesos sociales que han traído consigo cambios en las actitudes de los ciudadanos, en la administración y en las políticas públicas.

No obstante, todo proceso es producto de una necesidad y en este caso se requiere el surgimiento de estructuras de participación ciudadana que traerán consigo la apertura de espacios de participación alrededor de una visión de desarrollo y de la conformación de agendas de interés social.

Participación ciudadana se define como la relación que se establece entre los individuos en su calidad de ciudadanos y el gobierno estatal, municipal o local con el fin de hacer valer sus derechos, responder a sus obligaciones e influir favorablemente en sus políticas y funcionamiento de estos.

Cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres, estamos hablando de acciones que involucran a ciudadanos y sus organizaciones, así como a los gobiernos (federal, estatal o local) por lo tanto, estamos hablando de participación y relaciones en la búsqueda de respuestas apropiadas para enfrentar desastres y reducir la vulnerabilidad.

Tomando en cuenta que con la planificación participativa también se deben establecer las áreas sobre las cuales se desarrollan estas acciones, consecuentemente dentro de el municipio, alcaldía o gobierno local; se debe de tomar a el barrio o la colonia como unidad considerada como base para el análisis de necesidades o el planteamiento de soluciones.

Es a partir de esta unidad que se puede hablar de otras formas de asociación, es decir de las mancomunidades, de las distribuciones por zonas de convergencia de los riesgos, y así satisfacer las necesidades sentidas por la población en el uso y manejo adecuado de los recursos para un desarrollo social y económico, el uso adecuado del suelo urbano, rural y el aprovechamiento del recurso humano con que se cuenta.

Considerando las reacciones de los ciudadanos frente a los diferentes procesos que se desarrollan en las localidades, de las oportunidades que se les brinda y las herramientas e instrumentos que se ponen a disposición a través de las leyes y reglamentos, valoremos hasta qué punto la ciudadanía tiene conocimiento y hace uso adecuado de los espacios que se les pone a disposición.

Consideró que cada ciudadano tiene el deber y el derecho de participar en cada espacio que se disponga tanto para aportar a las políticas públicas como para consensuar acciones que permitan la participación mayoritaria en pro del desarrollo local.

Reconocer la participación ciudadana dentro de los ordenamientos jurídicos del país, expresan claramente que existen las bases jurídicas existentes para una real participación ciudadana, por consiguiente falta que la ciudadanía se apropie y haga suyo los espacios y las herramientas que se les brinda.

Para tal efecto, el gobierno federal así como los gobiernos estatales y municipales deberán facilitar y crear condiciones para una efectiva participación.

Asimismo, el Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) reconoce como una prioridad de acción: “velar que la reducción de riesgos de desastres constituya una prioridad nacional y local dotada de una base institucional de aplicación”.

Considera como actividad necesaria: Promover la participación de la comunidad en las actividades de reducción de riesgos de desastres mediante la adopción de políticas específicas, el fomento de la acción concertada, la gestión estratégica de los recursos de voluntarios, la atribución de funciones y responsabilidades y la delegación y transferencias de la autoridad y los recursos necesarios.

Como repuesta al impacto recurrente de los desastres, se crean mecanismos y conforman estructuras de cara a la reducción de los riesgos de desastres. No obstante, las comunidades cada día deben fortalecer sus capacidades como una forma de enfrentar las problemáticas y necesidades de los territorios que ven en estas estructuras una forma de aportar en la reducción de la pobreza y especialmente en el salvaguardo de la vida que es el bien más preciado de los ciudadanos. Por tanto, los esfuerzos de reducción de riesgos de desastres deben incorporarse sistemáticamente en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza.

Principios rectores de la participación ciudadana

Voluntariedad: La participación ciudadana está reconocida como un derecho humano y con el claro propósito de participar voluntariamente.
Universalidad: significa que debe proporcionar a la ciudadanía la igualdad de condiciones. Institucionalidad asumida y efectiva: se institucionaliza y se convierte en un derecho exigible por la ciudadanía y en una obligación del estado y sus representantes para su efectividad.
Equidad: proporciona a todos los sectores de la sociedad, incluyendo aquellos de mayor vulnerabilidad los instrumentos jurídicos y políticos necesarios para colocarlos en un plano de igualdad.
Pluralidad: implica el reconocimiento de la diversidad de valores, opiniones y prácticas dentro de la ciudadanía.
Solidaridad: permite actuar en procura del bien común, más allá de los intereses particulares.

Participación ciudadana en los municipio

El fortalecimiento de los procesos de descentralización y autonomía en los municipios permiten desarrollar instrumentos y crear capacidades tanto para la prevención y respuesta como para la conformación de las instancias y los mecanismos de participación ciudadana como:
• Comités de Desarrollo Municipal constituye una estructura de carácter consultivo del gobierno local, el cual tiene como propósito contribuir a la formulación de estrategias de desarrollo local a través de la planificación participativa.
• Planificación Estratégica Municipal: Es una herramienta de la planificación municipal y permite la participación de los diferentes sectores de la sociedad en igualdad de condiciones.
• Comités Comunitarios de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres.

Sin embargo, a pesar de contar con estos instrumentos, la participación de todos los ciudadanos no es todavía suficiente para enfrentar los desastres. Se requiere de una participación más efectiva de todos los sectores que hacen posible el desarrollo municipal.

Reflexiones de una tarde de diciembre

Estuvimos apenas en un curso de género de @ONUMujeres y hablamos entre otras cosas de los derechos humanos y la gestión integral de riesgos de desastres.

A mi parecer (debería del verbo no se cumple en todas las entidades) los encargados de hacer gestión de riesgos (Protección Civil) deberían de tener un perfil no sólo académico, también es importante que tengan un perfil de administración pública.

Hay algunos que no saben ni qué es un POA......

Y creo, desde acá donde estoy hoy parado; que esto es algo que debemos de exigir los ciudadanos, los que estamos en riesgo; deberíamos exigir que los encargados de l atención a las emergencias tuvieron una certificación, un reconocimiento de las competencias y habilidades para poder desempeñarse en esta labor. Él área de Protección Civil a sido por muchos años el lugar donde van a parar los indeseados, el lugar donde pasan las aprobaciones de mil cosas, que representan corruptelas y favores; eventos deportivos, conciertos, apertura de negocios, ampliaciones, y demás......  Él privilegiar los intereses de grupos desde esta posición es una tradición en este país, reformar leyes a modo, dejar de lado las acciones que realmente se requieren por tener el privilegio de estar al frente a la supuesta vanguardia en el país lo he visto muchos años. 

Siempre he sido admirador del trabajo que se ha hecho en otros países de Latinoamérica y el Caribe en el tema de la GRD; es cierto que en este país el desarrollo nos ha dotado de muchas más arma y elementos para poder crear una infraestructura más  ancha y robusta en   Sistemas de Alertamiento Temprano y eso le hace falta a estos otros que admiró; la GRAN diferencia y que nos falta hacer es lo más importante: EL TRABAJO COMUNITARIO. Y no para hacer “Ciudades Resilientes”, para tener ciudadanos e integrantes de Comunidades Resilientes y poder lograr una mejor coordinación antes, durante y después de la emergencia.....

De qué sirve el tener un equipo certificado a nivel Nacional USAR mediano si tu población no sabe ni qué hacer en materia de prevención? Si no hay protocolos claros e integrales de actuación? Si las leyes son laxas en sus requerimientos y privilegian a un grupo? Eso es lo que ven en l maestría? 

Admiro a la fuerza que se tiene en México; en septiembre del 2017 una vez más la autoridad tardo mucho en coordinar y atender la emergencia; sus habitantes salieron al quite otra vez y evidenciando la falta de capacidades dejaron a las instituciones de todos los niveles. Yo me pregunto, con qué equipo y material, técnicas y conocimientos es que algunos “Héroes de la Protección Civil” se vanaglorien su trabajo en los escombros de los colapsos diciendo que ellos rescataron personas y cuerpos?, con esa panza y condición física?, a su edad?. Si estuvieran en forma, si entrenaran, si realizaran trabajo de campo y no solo de oficina, tal vez; pero su función era otra no?, dónde está el Sistema de Comando dé Incidentes?, no que lo dominan a la perfección?

Y a estás ultimas cosas me refiero al decir que deberíamos exigir que los encargados de atender y de administrar las emergencias sean capaces; según yo es nuestro derecho....

También el que nos capaciten para saber cómo coordinar las emergencias.

En fin, una de esas reflexiones que se nos dan en días y que robando un momento al día podemos expresar.

Espero sus comentarios.

DESARROLLO DE COMUNIDADES Y SOCIEDADES RESILIENTES A LOS DESASTRES

Prevenir mejor que lamentar

Si bien no todas las amenazas naturales generan consecuencias devastadoras, una combinación de factores naturales, culturales, sociales y políticos contribuyen a que se originen desastres.

Durante los últimos 20 años, más de 1.35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales, en especial mujeres y niñas.

Además, más de 4000 millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin hogar, o han resultado heridas, lesionadas, o han tenido que recurrir a algún tipo de ayuda de emergencia.

La mayoría de las muertes a causa de desastres naturales se deben a eventos meteorológicos en especial, inundaciones, tormentas y olas de calor, y han duplicado sus cifras durante los últimos 40 años.

Otra parte importante se da por eventos geofísicos extremos, en especial terremotos, pero también tsunamis y erupciones volcánicas.

Los desastres naturales son inevitables, pero los daños que estos causan pueden minimizarse; en cambio, la vulnerabilidad social, económica y ambiental pueden exacerbarlos. En cualquier caso, nadie está a salvo de ser víctima de una catástrofe natural.

Por lo tanto, la reducción del riesgo de desastres concierne a todo el mundo, desde los campesinos hasta los jefes de estado, desde los banqueros hasta los abogados, desde los meteorólogos hasta los jefes de medios de comunicación.

Reducir las pérdidas económicas en los desastres.

La campaña de 2018 que lleva a cabo la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) forma parte de la campaña de Sendai 7, que se centra en las siete metas mundiales de Marco de Sendai.

Dicho marco se aplicará al riesgo de desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, naturales o causados por el hombre, así como a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos.

Tiene por objeto orientar la gestión del riesgo de desastres en relación con amenazas múltiples en el desarrollo a todos los niveles, así como en todos los sectores y entre un sector y otro.

Este año 2018 se centra en la meta mundial C del Marco: Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030.

 Asimismo, busca transmitir el mensaje de que los desastres tienen un costo humano y la reducción de las pérdidas económicas que estos ocasionan puede transformar vidas.

Las condiciones geográficas de México.

En el país coexiste una variada gama de climas en distancias sumamente cortas de espacio geográfico, pasando de tierras bajas, calientes y húmedas a altiplanos secos. El noroeste es seco en general, pues recibe menos de 100 mm de precipitación pluvial en promedio al año, mientras que en la costa del Caribe la precipitación se eleva hasta 6,000 mm por año.

La influencia de esta diversidad climática en la producción de fenómenos de alto riesgo para la población es elevada, debido a la acción cíclica de agentes perturbadores procedentes de la región del Caribe y del Pacífico.

Durante los últimos años, los huracanes han causado graves daños en 7 estados de la República. El país estuvo también expuesto a casi igual número de tormentas tropicales con vientos máximos de hasta 110 kilómetros por hora. Los estados más afectados han sido los del pacífico sur: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En la costa Atlántica se tiene un promedio anual de 8 huracanes, de los cuales, al menos 2 entran a tierra firme; en tanto que por el Océano Pacífico el promedio anual se eleva a 13, de los cuales 4 entran a tierra.

Los daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos ascienden anualmente, en promedio, a unos 230 millones de dólares. La pérdida de vidas humanas ha alcanzado a un promedio de 180 anuales, cifra aún considerable; cabe destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de los sistemas de detección y alerta, así como a las acciones de protección civil que se han instrumentado.

Los riesgos tipificados como de origen geológico incluyen sismos, vulcanismo, deslizamiento o colapso y hundimiento de suelos y algunas de las consecuencias de los sismos y erupciones volcánicas como los maremotos (tsunamis). Como se ha mencionado, los de mayor impacto en la población han sido, históricamente, los sismos y las erupciones volcánicas.

Los daños de tipo geológico han tenido un impacto superior a los hidrometeorológicos, debido especialmente a la destrucción de la infraestructura.

Las pérdidas ocasionadas por este tipo de desastres ascienden en promedio a por lo menos 230 millones de dólares anuales, ya que no incluyen una adecuada valoración de los daños indirectos que estos desastres implican para los sectores productivos. En términos del cobro de vidas, es definitivo que en el largo plazo los eventos geológicos llegan a superar toda previsión. Tan sólo el evento de 1985 cobró el equivalente a tres veces las víctimas del total registrado en eventos meteorológicos durante el mismo período.

En septiembre de 2017, en México se vivieron semanas dramáticas a raíz de dos terremotos que tuvieron gran notoriedad a nivel internacional por lo sucesivo de su ocurrencia y por la destrucción que causaron.

Uno tuvo lugar el día 07 en el sur del país con epicentro en la zona de Tehuantepec y fue el de mayor magnitud en los últimos 100 años en México.

La coordinación general de protección civil del gobierno federal notificó 98 defunciones y más de 120 000 edificios dañados en 4 400 comunidades de los estados de Oaxaca y Chiapas ⁽¹⁾.

El segundo sismo de septiembre acaeció el día 19 (cuando se cumplían 32 años del fatídico sismo del 19 de septiembre de 1985). Con epicentro en el estado de Morelos, tuvo una magnitud de 7,1, causó 369 defunciones y provocó daños mayores en 1 000 inmuebles que se convirtieron en no aptos para su uso ⁽¹⁾.

^{1 Universidad de la Sierra Sur, División de Estudios de Postgrado, Oaxaca, México. Enviar la correspondencia a Roberto Ariel Abeldaño Zúñiga, ariabeldanho@gmail.com}

Antes de estos sucesos y a lo largo de su historia, México se ha caracterizado por ser un país vulnerable a diversos fenómenos hidro-meteorológicos y geofísicos, debido a su ubicación geográfica ⁽²⁾, principalmente la formación de ciclones tropicales en la costa del Pacífico y del Golfo de México ^(3,4), además de los que se asocian con la inestabilidad de los suelos ^(5–7).

Respecto a la incidencia de desastres en México, Naciones Unidas ha expresado que se encuentra entre los 30 países con mayor exposición a desastres, res o más, de múltiples magnitudes al año ⁽⁸⁾.

Entre los desastres históricos que han tenido efectos devastadores en este país destaca el tsunami de 1932, que afectó a las costas del Océano Pacífico de Nayarit, Jalisco y Colima, en el cual se notificaron decenas de defunciones y alrededor de 1 500 personas afectadas (5).

En septiembre de 1985, México registró uno de los terremotos más devastadores de su historia, que afectó a los estados de Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz y México. En ese desastre se estimaron 9 500 defunciones, 10 000 personas afectadas con lesiones mayores y unas 20 000 personas con lesiones menores (9).

Todo esto da cuenta de que en México los fenómenos catastróficos ocurren con frecuencia ⁽¹⁰⁾ y con resultados que afectan directamente a las poblaciones vulnerables. Por estas razones se considera necesario abordar este problema para indagar en profundidad las consecuencias sanitarias y sociales de estos desastres. Esta información es necesaria para diseñar políticas de gestión de riesgos orientadas a proteger a las poblaciones afectadas por los efectos de los desastres.

Entre 1991 y 2010, el impacto de los desastres registrados en países pobres provocó una pérdida financiera de alrededor de 840 mil millones de dólares, además de que, en el mismo período, sólo 0,4% de los 3,3 billones de dólares que se destinaron a ayuda humanitaria se utilizaron para la prevención y la reducción de riesgos.

Por otra parte, durante la década de 1990 y la primera mitad de la década de 2000, cada año hubo en el mundo un promedio de 570 desastres que afectaron a 260 millones de personas y causaron 67 000 defunciones ⁽¹¹⁾.

En la esfera de la salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las situaciones de emergencias y las catástrofes pueden aumentar el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles en las comunidades afectadas, ya que la población puede compartir condiciones insalubres o consumir agua contaminada en situaciones de evacuación ⁽¹²⁾.

Dados los efectos negativos que diferentes fenómenos pueden tener en los sistemas de salud locales, los procesos de mitigación y prevención son de gran importancia. Se ha demostrado que es menos costoso invertir en la prevención que en el desembolso posterior a los desastres ⁽¹³⁾.

¿Qué es la reducción del riesgo de desastres?

“Los desastres 'naturales' no existen.

Sólo existen las amenazas naturales.”

La reducción del riesgo de desastres (RRD) busca reducir los daños ocasionados por las amenazas naturales, tales como terremotos, sequías, inundaciones y ciclones, a través de una ética de prevención. Los desastres 'naturales' no existen. Sólo existen las amenazas naturales.

Por lo general, los desastres son la causa de una amenaza natural. La severidad de éstos depende de los efectos que genere una amenaza en la sociedad y en el medio ambiente. A su vez, la magnitud de los efectos depende de las decisiones que tomemos tanto para nuestras vidas como para nuestro entorno. Estas decisiones se relacionan con la forma en que producimos nuestros alimentos, dónde y cómo construimos nuestras viviendas, qué tipo de gobierno tenemos, cómo funciona nuestro sistema financiero y hasta qué impartimos en las escuelas. Cada decisión y acción que tomamos nos hace más vulnerables a los desastres, o, por el contrario, más resilientes.

La reducción del riesgo de desastres es el concepto y la práctica de reducirlos a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que causan los desastres. Entre los ejemplos de tareas para reducir el riesgo de desastres se pueden mencionar la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad, tanto de las personas como de sus propiedades, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y una mejor preparación y sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos adversos.

La reducción del riesgo de desastres incluye disciplinas tales como la gestión, la mitigación y la preparación para casos de desastres, pero la reducción del riesgo de desastres también forma parte del desarrollo sostenible.

Para lograr que las actividades del desarrollo sean sostenibles, éstas también deben reducir el riesgo de desastres.

Por otra parte, las políticas de desarrollo poco sensatas aumentarán el riesgo de desastres, al igual que las pérdidas que éstos ocasionan. Por consiguiente, la reducción del riesgo de desastres incluye la participación de todos los segmentos de la sociedad, de todos los componentes del gobierno y de todos los integrantes del sector privado y profesional.

Si no ligamos el arco y la flecha, la práctica y la teoría, el trabajo manual y el trabajo intelectual,la eficacia y la eficiencia, la ciencia y la conciencia, el blanco al que apuntamos

será más difícil de acertar (Raúl Leis).

Es muy aceptado que los desastres se relacionan con prácticas humanas inadecuadas y que son, a la vez, indicadores del déficit en el desarrollo.

No se trata de que los desastres impacten negativamente en el desarrollo de los países, sino que son las mismas modalidades de desarrollo con sus efectos diferenciados en la sociedad y el uso indiscriminado de los recursos naturales, lo que nos ayudan a explicar el crecimiento de la vulnerabilidad, de las amenazas y del riesgo

Vista así las cosas, la manera en que se considera la intervención humana a favor de manejar el problema, cambia de forma importante.

Uno de los aspectos fundamentales para la reducción del riesgo de desastres se basa en las capacidades en el nivel local, como punto de partida de iniciativas y procesos que señalan la solución.

Las poblaciones y los gobiernos locales son actores importantes del desarrollo, con directa responsabilidad sobre la construcción de los escenarios de riesgo.

En consecuencia, son responsables de establecer pautas y plantear opciones para el manejo de estos, considerando los posibles impactos que pueden suceder.

De ahí la importancia de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para planificar sus procesos de desarrollo, desde un enfoque de Gestión de Riesgos, los procesos de desarrollo local y el uso del conocimiento local.

La preparación ante desastres es fundamental para reducir sus posibles efectos negativos.

Esto implica contar con organismos públicos más empoderados y con mayores capacidades; y al mismo tiempo, con una ciudadanía que pueda ser parte activa de los procesos de planificación y Gestión Integral de Riesgos y los procesos de desarrollo local.

Al hacer la gestión local del riesgo se debe colocar en el centro, como protagonistas, a las y los actores del municipio, es decir, a la población.

¿Qué es la Gestión Integral del Riesgo?

La Gestión Integral del Riesgo se refiere a la planificación de procesos, la participación, la toma de decisiones y las políticas de desarrollo sostenible orientado a:

1.Conocer las causas de fondo que generan el riesgo,

2.Controlar permanente los riesgos de desastres,

3.Revertir el proceso de construcción social de los riesgos,

4.Fortalecer las capacidades de resiliencia del gobierno y la sociedad, y

5.Planear el desarrollo y ordenamiento territorial.

Para ello se requiere un enfoque multidisciplinario, tomar en consideración la dimensión humana en la problemática, el compromiso decidido de gobierno y sociedad, transitando armónicamente a un entorno de desarrollo sustentable y de respeto hacia el medio ambiente.

La Gestión Integral del Riesgo en México se ha implementado para fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales y de cada región en la planificación de los procesos de desarrollo y de acción ante un desastre.

La Gestión Integral del Riesgo es un proceso coordinado entre varias instituciones para reducir, prevenir, responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales emergencias y desastres, en el marco de un desarrollo sostenible.

Incluye diferentes niveles de organización que van desde lo familiar hasta lo internacional.

El riesgo se define como una interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad. Se entiende por amenaza la probabilidad de que un fenómeno de origen natural, socio natural o antrópico se presente con cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un período de tiempo, con potencial de producir efectos adversos sobre las personas, los bienes y el medio ambiente. La vulnerabilidad, por su parte, expresa las características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien, que los vuelven susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.

La Gestión Integral del Riesgo tiene seis fases:

Prevención: es la acción anticipada para impedir que ocurra un fenómeno peligroso, o para evitar su incidencia negativa sobre la población, los bienes y el ambiente.

Mitigación: son las medidas para atenuar el impacto de los fenómenos adversos asumiendo que no siempre es posible evitarlos.

Preparación: son las actividades orientadas a asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos para enfrentar una situación de emergencia.

Atención de emergencias: es el conjunto de acciones de respuesta para proteger a la población, los bienes y el ambiente ante la ocurrencia de un evento adverso.

Rehabilitación: es la puesta en funcionamiento, en el menor tiempo posible, de los servicios básicos afectados por un evento adverso.

Recuperación: luego de un evento adverso, es el esfuerzo por promover condiciones de vida adecuadas y sostenibles, incluyendo la reactivación del desarrollo económico y social de la comunidad en condiciones más seguras.

La Gestión Integral del Riesgo, su alcance social y normativo en la Administración Pública

La gestión integral del riesgo se consolida en las directrices sociales y normativas en las que se desarrolla la Administración Pública en México, derivado de un esfuerzo constante por mejorar la seguridad e integridad de las personas en materia de prevención de desastres, a través de políticas públicas, normas y programas que trabajan para aplicar procedimientos y gestiones que permiten evaluar riesgos y actuar ante ellos.

De la necesidad social de prevenir y actuar ante los agentes perturbadores en nuestro país, surgen políticas públicas que encauzan la creación de normas, que establecen los parámetros y elementos necesarios para la gestión integral del riesgo (GIR) ante desastres que aportan a la capacidad resiliente de nuestra sociedad y de nuestros órganos gubernamentales.

La trascendencia social en el ámbito de la prevención de desastres y la gestión integral del riesgo (GIR), se encuentra estrechamente vinculada, ya que de acuerdo con distintas teorías de especialistas y con las expectativas físicas desarrolladas en un ámbito territorial se determina como pieza clave al elemento social, que es la estructura de la que preponderantemente el Estado busca el bienestar, sin dejar de lado otros conjuntos que de igual forma resultan importantes, pero que se preponderan de distinta manera, pues el Estado tiene la obligación de buscar primordialmente el bienestar del individuo en grupo, de acuerdo con marco de las leyes que lo rigen.

¿Qué tiene que ver el ámbito social con un desastre?

Hewitt Kenneth, postula que el enfoque dominante en el estudio para enfrentar los desastres se concibe como eventos temporal y territorialmente segregados en los cuales la causalidad principal deriva de procesos físico-naturales, con un preponderante elemento para configurarlo como “desastre”: el impacto perjudicial en la sociedad.

Por lo que podemos concluir que un agente perturbador aislado, no representa un “desastre”, este se extiende cuando toca conjuntos sociales generando coyunturas en la infraestructura, relaciones humanas y aquellos elementos que configuran la estructura social en determinado territorio, ya que las condicionantes sociológicas son una constante en la manera de abordar el estudio de los desastres naturales y el impacto social que estos conlleven.

El alcance social de la gestión integral del riesgo deriva de la democratización, el desarrollo territorial, el estudio poblacional, el empleo y las distintas formas de organización social, considerando que las causas sociales e históricas establecen parámetros que permiten analizar el estudio de procesos, tendencias y ciclos a través del constante monitoreo y el registro de las manifestaciones de estos agentes.

Lo anterior nos permite realizar un análisis del comportamiento colectivo e individual bajo condiciones de emergencia, información que resulta sustancial para la actividad de la Administración Pública, porque permite generar una estructura de acción entre el gobierno y la sociedad.

Señala que un desastre es resultado de los procesos sociales históricos y territoriales bajo circunstancias extremas en la dinámica social carente de una óptima capacidad resiliente en el individuo.

La resiliencia en un individuo se conforma por la capacidad emocional y cognitiva que le permite actuar ante un desastre o bien evitarlo, ya que este concepto muchas veces se encuentra fuera del conjunto esquemático en el que se desarrolla el individuo, y en el momento que este concepto irrumpe en su esquema de vida, carece de la capacidad para recibirlo y dar una respuesta adecuada ante la situación que se desencadena.

Así, podemos considerar la importancia que tiene la Administración Pública en los tres ámbitos de gobierno, difundir y proporcionar información que permita crear una conciencia resiliente en los ciudadanos, y sensibilizar a los grupos sociales con el objetivo de salvaguardar sus vidas, ya que la prevención de desastres y protección civil, son elementos que deben coexistir de manera permanente en los distintos ámbitos de la sociedad.

La Administración Pública debe emitir las líneas que dirijan la acción social en este sentido, que se podrá lograr fijando las problemáticas específicas, que permitirán a su vez evaluar para modificar y mejorar las situaciones.

Los sectores gubernamentales deben contemplar los diversos tipos de vulnerabilidad que configuran un desastre: vulnerabilidad física, económica, social, política, ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional, esto con la finalidad de combatirla mediante programas y actividades que coadyuven al mejor desarrollo del país.

El reflejo social debe servir para crear herramientas de trabajo desde las instituciones de gobierno o las organizaciones no gubernamentales, para promover la dignificación de la vida de los seres vivos, así como fortalecer la autonomía comunitaria como estrategia para concretar ese propósito¹⁴.

El manejo de los desastres en los países más desarrollados constituye un problema fundamentalmente logístico ¹⁵: la rapidez y la respuesta juntas ya que este elemento constituye un factor esencial para la atención de las emergencias.

Durante los desastres se agudizan las amenazas contra la vida, bienes y servicios, así como las oportunidades de los miembros de las comunidades afectadas. Un programa de prevención del desastre debe satisfacer parcialmente esas aspiraciones como prioritarias.

La Administración Pública debe de instaurar en todos sus programas el componente de prevención de los posibles desastres; el establecer nuestra ocupación como agentes reguladores en las comunidades en las que habitamos y trabajamos, como actores de las crisis que afectan a nuestras comunidades.

El alcance social de la GIR es completamente vinculante ya que del individuo derivará la correcta operación de esta gestión. La resiliencia es un elemento estratégico que forma parte esencial de la GIR, en la que debemos considerar la organización y coordinación de percibir y reducir el riesgo ante desastres, los grupos sociales deben crear coaliciones entre las localidades, con el fin de comprender su papel en la GIR y de esta forma prepararse.

La Administración Pública deben mantener actualizada la información referente a las amenazas y vulnerabilidades, preparando evaluaciones de riesgo fomentando el uso de los planes y el óptimo de desarrollo urbano.

Realizar un análisis de la seguridad en infraestructura considerada estratégica como escuelas y los centros de salud, que cumplan con los reglamentos de construcción y desarrollo urbano, identificar los zonas seguras para las personas que forman parte de un sector de la población más vulnerable con el fin de reducir asentamientos informales, a través del desarrollo de programas de educación y capacitación sobre la reducción del riesgo de desastres, la instalación de sistemas de alerta temprana, desarrollar las capacidades de gestión de emergencias en sus localidades practicando continuamente simulacros de preparación pública.

Desarrollo de comunidades y sociedades resilientes a los desastres

El desarrollo de comunidades y sociedades resilientes a los desastres requiere de un preciso reconocimiento y análisis de los riesgos que las comunidades o sociedades enfrentan y de que todas las partes involucradas, desde los organismos de gobierno hasta cada uno de los residentes locales, comprendan cabalmente tales riesgos.

Es necesario aplicar medidas preparatorias, como construir estructuras para prevenir y mitigar los daños causados por desastres, desarrollar leyes y sistemas que permitan responder de una forma adecuada y puntual a los desastres, y al mismo tiempo entrenar a administradores de desastres.

La Fundación para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, ha venido construyendo diferentes tipos de asistencia a las comunidades y sociedades analizando los riesgos de desastre y así estar preparados para ellos, en un PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

El proyecto intenta dotar a cada habitante de las capacidades y así prepararse para los desastres, a través de las actividades comunitarias.

Se designará una comunidad piloto para cada área vulnerable a inundaciones, deslizamientos o sismos y se realizaran las actividades en el proyecto:

● Talleres de concientización, elaboración de mapas de riesgos y realización de simulacros de evacuación utilizando dichos mapas.

● Construcción de sistemas de alerta temprana en las comunidades con pluviómetros sencillos caseros.

● Educación para la gestión de desastres dirigida a los niños en las escuelas, junto con los maestros y los administradores regionales de protección civil, para promover la preparación ante los desastres, la cual se espera que sea difundida a través de los niños en sus casas y en toda la comunidad en un proceso de participación.

La conciencia pública sobre la necesidad de estar preparados para los desastres estará aumentando gradualmente, a través de la participación activa de la gente en las actividades del proyecto, como por ejemplo en la selección de la ubicación de refugios de evacuación y rutas de evacuación, así como en el mantenimiento de los pluviómetros.

Por otro lado, se realizan esfuerzos para establecer comités comunitarios para la gestión de riesgos y desarrollar planes comunitarios para la gestión de desastres con el fin de llevar a cabo las actividades antes mencionadas de manera sustentable.

Las Comunidades Seguras deben tener estas características:

1. Una infraestructura basada en alianzas de confianza y colaboración, liderada por un grupo multisectorial responsable de la promoción de la seguridad.

2. Programas sostenibles a largo plazo con cobertura de ambos sexos, edades, ambientes y situaciones específicas.

3. Programas focalizados a grupos y ambientes de alto riesgo, que promuevan la seguridad de los grupos vulnerables.

4. Programas que documenten la frecuencia y las causas de eventos de riesgo.

5. Medidas para evaluar los programas, procesos y el efecto del cambio.

6. Participación activa en comisiones o directivas comunitarias.

En conclusión, el PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, significa la administración de proyectos referidos a la reducción de riesgos.

Es decir, que las instituciones y comunidades deben echar a andar, de la mejor manera posible, sus proyectos de gestión de riesgos.

Para aumentar los resultados y el impacto social necesario se requiere apoyarse, fundamentalmente, en cuatro pilares básicos: Estrategia, Cultura, Estructura y Ejecución.

REFERENCIAS

•       (2001) «Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de desastres en México», CENAPRED

•       «Planeación y evaluación de las capacidades de respuesta ante emergencias con materiales y residuos peligrosos» Informe Técnico. Área de Riesgos Químicos. CENAPRED

•       «Ley General de Protección Civil» Diario Oficial.

•       «Cambio climático y salud humana: riesgos y respuestas» Organización Mundial de la Salud. ISBN 92 4 359081 2.

•       Descripción de los fenómenos hidrometeorológicos Subdirección de Riesgos Hidrometeorológicos Fecha 29-abril-2016.

•       Abeldaño Zúñiga RA, González Villoria AM. Desastres en México de 1990 a 2016: patrones de ocurrencia, población afectada y daños económicos. Rev Panam Salud Publica. 2018;42:e55. https:// doi.org/10.26633/RPSP.2018.55

•         1. Gobierno de México. Sistema Nacional de Protección Civil de México. México, DF: Gobierno de México; 2017. Disponible en: http://www.gob.mx/proteccion-civil .

•       2. Larios-Tlali H, Torres-Benites E, QuevedoNolascol A, Martínez-Menes MR, SalgadoTránsito J. Riesgo de inundación en la subcuenca del río La Antigua, Veracruz, México. Tecnol Ciencias Agua. 2015;6(3): 39–56.

•       3. Roman-Cuesta MR, Martinez-Vilalta J. Effectiveness of protected areas in mitigating fire within their boundaries: case study of Chiapas, Mexico. Conserv Biol. 2006;20(4):1074–86.

•       4. Sánchez-Núñez JM, Serrano Flores ME, Sangermán Jarquín DM, Navarro Bravo A, Vera Alejandre GR, Cuevas Sánchez JA, et al. Extreme hydrometeorological events and disasters in urban and rural communities in Motozintla, Chiapas. Rev Mex Ciencias Agricolas. 2011;(2): 167–81.

•       5. Corona N, Ramírez MT. Técnicas histórico-etnográficas en la reconstrucción y caracterización de tsunamis: el ejemplo del gran tsunami del 22 de junio de 1932, en las costas del Pacífico mexicano. Rev Geogr Norte Gd. 2012;53:107–22.

•       6. Galindo Serrano JA, Alcántara Ayala I. Inestabilidad de laderas e infraestructura vial: Análisis de susceptibilidad en la Sierra Nororiental de Puebla, México. Investig Geogr. 2015;2015(88):122–45.

•       7. Jiménez-Sastré A, Boldo-León X, PriegoÁlvarez H, Quevedo-Tejero E, ZavalaGonzález M. Distribución geográfica de casos de fiebre de dengue en zonas anegadas de Villahermosa, Tabasco, México, 2010. Rev Chil Infectol. 2012;29(1):32–6.

•       8. United Nations Office for Outer Space Affairs. The Force of Nature in Mexico, as seen from space, 2015. Vienna: United Nations Office for Outer Space Affairs; 2015. Disponible en: http://www.unoosa. org/oosa/en/informationfor/articles/theforce-of-nature-in-mexico--as-seen-fromspace.html Acceso el 18 de agosto de 2017.

•       9. Cruz Vega F, Rojas Enriquez CA. El terremoto en México septiembre de 1985: Estudio de caso. Ponencia presentada en la Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud, 26- 28 febrero de 1996, Ciudad de México. México, DF: Organización Panamericana de la Salud; 1996:1-8. Disponible en: http:// www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/ doc7767/doc7767.htm.

•       10. National Geophysical Data Center, World Data Service. NGDC/WDS Global Historical Tsunami Database. Colorado: National Geophysical Data Center; 2015. Disponible en: http://www.ngdc.noaa. gov/hazard/tsu_db.shtml.

•       11. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. World Disasters Report 2016 - Resilience: Saving lives today, investing for tomorrow. Ginebra: IFRC; 2016. Disponible en: http://www. ifrc.org/en/news-and-media/pressreleases/general/world-disasters-report2016---resilience-saving-lives-todayinvesting-for-tomorrow/.

•       12. Organización Panamericana de la Salud. Emergencias y desastres en sistemas de agua potable y saneamiento: Guía para una respuesta eficaz, 2a ed. Washington, DC: OPS; 2004.

•       13. Muñoz F, López-Acuña D, Halverson P, Macedo CG De, Hanna W, Larrieu M, et al. Las funciones esenciales de la salud pública: un tema emergente en las reformas del sector de la salud. Rev Panam Salud Publica. 2000;8(1/2):126–34.

•       14. Ídem, “… desarrolla la teoría sobre los desastres como fenómeno social que puede ser utilizada como una herramienta de trabajo…”

•       15. Ídem, “… establece como un elemento preponderante para repeler riesgos y prevenir desastres el concepto logístico como “…factor esencial para la atención de emergencias…”

TRABAJO PRESENTADO EN EL 1er. ENCUENTRO SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE GESTION DE RIESGO Y SU RELACIÓN CON LOS FENÓMENOS GEOLÓGICOS E HIDROMETEOROLÓGICOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUERRERO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 ANTE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LA LICENCIATURA EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.