Prevenir mejor que
lamentar
Si
bien no todas las amenazas naturales generan consecuencias devastadoras, una
combinación de factores naturales, culturales, sociales y políticos contribuyen
a que se originen desastres.
Durante
los últimos 20 años, más de 1.35 millones de personas han perdido la vida como
resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales, en
especial mujeres y niñas.
Además,
más de 4000 millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado
sin hogar, o han resultado heridas, lesionadas, o han tenido que recurrir a
algún tipo de ayuda de emergencia.
La
mayoría de las muertes a causa de desastres naturales se deben a eventos
meteorológicos en especial, inundaciones, tormentas y olas de calor, y han
duplicado sus cifras durante los últimos 40 años.
Otra
parte importante se da por eventos geofísicos extremos, en especial terremotos,
pero también tsunamis y erupciones volcánicas.
Los
desastres naturales son inevitables, pero los daños que estos causan pueden
minimizarse; en cambio, la vulnerabilidad social, económica y ambiental pueden
exacerbarlos. En cualquier caso, nadie está a salvo de ser víctima de una
catástrofe natural.
Por
lo tanto, la reducción del riesgo de desastres concierne a todo el mundo, desde
los campesinos hasta los jefes de estado, desde los banqueros hasta los
abogados, desde los meteorólogos hasta los jefes de medios de comunicación.
Reducir las pérdidas
económicas en los desastres.
La
campaña de 2018 que lleva a cabo la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) forma parte de la campaña de Sendai
7, que se centra en las siete metas mundiales de Marco de Sendai.
Dicho
marco se aplicará al riesgo de desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y
poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, naturales o causados por el
hombre, así como a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y
biológicos conexos.
Tiene
por objeto orientar la gestión del riesgo de desastres en relación con amenazas
múltiples en el desarrollo a todos los niveles, así como en todos los sectores
y entre un sector y otro.
Este
año 2018 se centra en la meta mundial C del Marco: Reducir las pérdidas
económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto
interno bruto (PIB) mundial para 2030.
Asimismo, busca transmitir el mensaje de que
los desastres tienen un costo humano y la reducción de las pérdidas económicas
que estos ocasionan puede transformar vidas.
Las condiciones
geográficas de México.
En
el país coexiste una variada gama de climas en distancias sumamente cortas de
espacio geográfico, pasando de tierras bajas, calientes y húmedas a altiplanos
secos. El noroeste es seco en general, pues recibe menos de 100 mm de
precipitación pluvial en promedio al año, mientras que en la costa del Caribe
la precipitación se eleva hasta 6,000 mm por año.
La
influencia de esta diversidad climática en la producción de fenómenos de alto
riesgo para la población es elevada, debido a la acción cíclica de agentes
perturbadores procedentes de la región del Caribe y del Pacífico.
Durante
los últimos años, los huracanes han causado graves daños en 7 estados de la
República. El país estuvo también expuesto a casi igual número de tormentas
tropicales con vientos máximos de hasta 110 kilómetros por hora. Los estados
más afectados han sido los del pacífico sur: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En la
costa Atlántica se tiene un promedio anual de 8 huracanes, de los cuales, al
menos 2 entran a tierra firme; en tanto que por el Océano Pacífico el promedio
anual se eleva a 13, de los cuales 4 entran a tierra.
Los
daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos ascienden
anualmente, en promedio, a unos 230 millones de dólares. La pérdida de vidas
humanas ha alcanzado a un promedio de 180 anuales, cifra aún considerable; cabe
destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias
al mejoramiento de los sistemas de detección y alerta, así como a las acciones
de protección civil que se han instrumentado.
Los
riesgos tipificados como de origen geológico incluyen sismos, vulcanismo,
deslizamiento o colapso y hundimiento de suelos y algunas de las consecuencias
de los sismos y erupciones volcánicas como los maremotos (tsunamis). Como se ha
mencionado, los de mayor impacto en la población han sido, históricamente, los
sismos y las erupciones volcánicas.
Los
daños de tipo geológico han tenido un impacto superior a los
hidrometeorológicos, debido especialmente a la destrucción de la
infraestructura.
Las
pérdidas ocasionadas por este tipo de desastres ascienden en promedio a por lo
menos 230 millones de dólares anuales, ya que no incluyen una adecuada
valoración de los daños indirectos que estos desastres implican para los
sectores productivos. En términos del cobro de vidas, es definitivo que en el
largo plazo los eventos geológicos llegan a superar toda previsión. Tan sólo el
evento de 1985 cobró el equivalente a tres veces las víctimas del total
registrado en eventos meteorológicos durante el mismo período.
En
septiembre de 2017, en México se vivieron semanas dramáticas a raíz de dos
terremotos que tuvieron gran notoriedad a nivel internacional por lo sucesivo
de su ocurrencia y por la destrucción que causaron.
Uno
tuvo lugar el día 07 en el sur del país con epicentro en la zona de Tehuantepec
y fue el de mayor magnitud en los últimos 100 años en México.
La
coordinación general de protección civil del gobierno federal notificó 98
defunciones y más de 120 000 edificios dañados en 4 400 comunidades de los
estados de Oaxaca y Chiapas (1).
El
segundo sismo de septiembre acaeció el día 19 (cuando se cumplían 32 años del
fatídico sismo del 19 de septiembre de 1985). Con epicentro en el estado de
Morelos, tuvo una magnitud de 7,1, causó 369 defunciones y provocó daños
mayores en 1 000 inmuebles que se convirtieron en no aptos para su uso (1).
1 Universidad de la Sierra Sur, División de Estudios de
Postgrado, Oaxaca, México. Enviar la correspondencia a Roberto Ariel Abeldaño
Zúñiga, ariabeldanho@gmail.com
Antes
de estos sucesos y a lo largo de su historia, México se ha caracterizado por
ser un país vulnerable a diversos fenómenos hidro-meteorológicos y geofísicos,
debido a su ubicación geográfica (2), principalmente la formación de
ciclones tropicales en la costa del Pacífico y del Golfo de México (3,4),
además de los que se asocian con la inestabilidad de los suelos (5–7).
Respecto
a la incidencia de desastres en México, Naciones Unidas ha expresado que se
encuentra entre los 30 países con mayor exposición a desastres, res o más, de
múltiples magnitudes al año (8).
Entre
los desastres históricos que han tenido efectos devastadores en este país
destaca el tsunami de 1932, que afectó a las costas del Océano Pacífico de
Nayarit, Jalisco y Colima, en el cual se notificaron decenas de defunciones y
alrededor de 1 500 personas afectadas (5).
En
septiembre de 1985, México registró uno de los terremotos más devastadores de
su historia, que afectó a los estados de Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Veracruz y México. En ese desastre se estimaron 9 500
defunciones, 10 000 personas afectadas con lesiones mayores y unas 20 000
personas con lesiones menores (9).
Todo
esto da cuenta de que en México los fenómenos catastróficos ocurren con
frecuencia (10) y con resultados que afectan directamente a las
poblaciones vulnerables. Por estas razones se considera necesario abordar este
problema para indagar en profundidad las consecuencias sanitarias y sociales de
estos desastres. Esta información es necesaria para diseñar políticas de
gestión de riesgos orientadas a proteger a las poblaciones afectadas por los
efectos de los desastres.
Entre
1991 y 2010, el impacto de los desastres registrados en países pobres provocó
una pérdida financiera de alrededor de 840 mil millones de dólares, además de
que, en el mismo período, sólo 0,4% de los 3,3 billones de dólares que se
destinaron a ayuda humanitaria se utilizaron para la prevención y la reducción
de riesgos.
Por
otra parte, durante la década de 1990 y la primera mitad de la década de 2000,
cada año hubo en el mundo un promedio de 570 desastres que afectaron a 260
millones de personas y causaron 67 000 defunciones (11).
En
la esfera de la salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica
que las situaciones de emergencias y las catástrofes pueden aumentar el riesgo
de brotes de enfermedades transmisibles en las comunidades afectadas, ya que la
población puede compartir condiciones insalubres o consumir agua contaminada en
situaciones de evacuación (12).
Dados
los efectos negativos que diferentes fenómenos pueden tener en los sistemas de
salud locales, los procesos de mitigación y prevención son de gran importancia.
Se ha demostrado que es menos costoso invertir en la prevención que en el
desembolso posterior a los desastres (13).
¿Qué es la reducción del
riesgo de desastres?
“Los desastres 'naturales'
no existen.
Sólo existen las amenazas
naturales.”
La
reducción del riesgo de desastres (RRD) busca reducir los daños ocasionados por
las amenazas naturales, tales como terremotos, sequías, inundaciones y
ciclones, a través de una ética de prevención. Los desastres 'naturales' no
existen. Sólo existen las amenazas naturales.
Por
lo general, los desastres son la causa de una amenaza natural. La severidad de
éstos depende de los efectos que genere una amenaza en la sociedad y en el
medio ambiente. A su vez, la magnitud de los efectos depende de las decisiones
que tomemos tanto para nuestras vidas como para nuestro entorno. Estas decisiones
se relacionan con la forma en que producimos nuestros alimentos, dónde y cómo
construimos nuestras viviendas, qué tipo de gobierno tenemos, cómo funciona
nuestro sistema financiero y hasta qué impartimos en las escuelas. Cada
decisión y acción que tomamos nos hace más vulnerables a los desastres, o, por
el contrario, más resilientes.
La
reducción del riesgo de desastres es el concepto y la práctica de reducirlos a
través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que
causan los desastres. Entre los ejemplos de tareas para reducir el riesgo de
desastres se pueden mencionar la reducción del grado de exposición a las
amenazas, la disminución de la vulnerabilidad, tanto de las personas como de
sus propiedades, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y una
mejor preparación y sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos
adversos.
La
reducción del riesgo de desastres incluye disciplinas tales como la gestión, la
mitigación y la preparación para casos de desastres, pero la reducción del
riesgo de desastres también forma parte del desarrollo sostenible.
Para
lograr que las actividades del desarrollo sean sostenibles, éstas también deben
reducir el riesgo de desastres.
Por
otra parte, las políticas de desarrollo poco sensatas aumentarán el riesgo de
desastres, al igual que las pérdidas que éstos ocasionan. Por consiguiente, la
reducción del riesgo de desastres incluye la participación de todos los
segmentos de la sociedad, de todos los componentes del gobierno y de todos los
integrantes del sector privado y profesional.
Si no ligamos el arco y la
flecha, la práctica y la teoría, el trabajo manual y el trabajo intelectual,la eficacia y la
eficiencia, la ciencia y la conciencia, el blanco al que apuntamos
será más difícil de
acertar (Raúl Leis).
Es
muy aceptado que los desastres se relacionan con prácticas humanas inadecuadas
y que son, a la vez, indicadores del déficit en el desarrollo.
No
se trata de que los desastres impacten negativamente en el desarrollo de los
países, sino que son las mismas modalidades de desarrollo con sus efectos
diferenciados en la sociedad y el uso indiscriminado de los recursos naturales,
lo que nos ayudan a explicar el crecimiento de la vulnerabilidad, de las amenazas
y del riesgo
Vista
así las cosas, la manera en que se considera la intervención humana a favor de
manejar el problema, cambia de forma importante.
Uno
de los aspectos fundamentales para la reducción del riesgo de desastres se basa
en las capacidades en el nivel local, como punto de partida de iniciativas y
procesos que señalan la solución.
Las
poblaciones y los gobiernos locales son actores importantes del desarrollo, con
directa responsabilidad sobre la construcción de los escenarios de riesgo.
En
consecuencia, son responsables de establecer pautas y plantear opciones para el
manejo de estos, considerando los posibles impactos que pueden suceder.
De
ahí la importancia de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para
planificar sus procesos de desarrollo, desde un enfoque de Gestión de Riesgos,
los procesos de desarrollo local y el uso del conocimiento local.
La preparación ante
desastres es fundamental para reducir sus posibles efectos negativos.
Esto
implica contar con organismos públicos más empoderados y con mayores
capacidades; y al mismo tiempo, con una ciudadanía que pueda ser parte activa
de los procesos de planificación y Gestión Integral de Riesgos y los procesos
de desarrollo local.
Al
hacer la gestión local del riesgo se debe colocar en el centro, como
protagonistas, a las y los actores del municipio, es decir, a la población.
¿Qué es la Gestión
Integral del Riesgo?
La
Gestión Integral del Riesgo se refiere a la planificación de procesos, la
participación, la toma de decisiones y las políticas de desarrollo sostenible
orientado a:
1.Conocer las causas de fondo que
generan el riesgo,
2.Controlar permanente los riesgos de
desastres,
3.Revertir el proceso de construcción
social de los riesgos,
4.Fortalecer las capacidades de
resiliencia del gobierno y la sociedad, y
5.Planear el desarrollo y ordenamiento
territorial.
Para
ello se requiere un enfoque multidisciplinario, tomar en consideración la
dimensión humana en la problemática, el compromiso decidido de gobierno y sociedad,
transitando armónicamente a un entorno de desarrollo sustentable y de respeto
hacia el medio ambiente.
La
Gestión Integral del Riesgo en México se ha implementado para fortalecer la
capacidad de las instituciones nacionales y de cada región en la planificación
de los procesos de desarrollo y de acción ante un desastre.
La
Gestión Integral del Riesgo es un proceso coordinado entre varias instituciones
para reducir, prevenir, responder y apoyar la rehabilitación y recuperación
frente a eventuales emergencias y desastres, en el marco de un desarrollo
sostenible.
Incluye
diferentes niveles de organización que van desde lo familiar hasta lo
internacional.
El
riesgo se define como una interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad. Se
entiende por amenaza la probabilidad de que un fenómeno de origen natural,
socio natural o antrópico se presente con cierta intensidad en un sitio
específico y dentro de un período de tiempo, con potencial de producir efectos
adversos sobre las personas, los bienes y el medio ambiente. La vulnerabilidad,
por su parte, expresa las características y circunstancias de una comunidad,
sistema o bien, que los vuelven susceptibles a los efectos dañinos de una
amenaza.
La
Gestión Integral del Riesgo tiene seis fases:
Prevención: es la acción anticipada para impedir
que ocurra un fenómeno peligroso, o para evitar su incidencia negativa sobre la
población, los bienes y el ambiente.
Mitigación: son las medidas para atenuar el impacto
de los fenómenos adversos asumiendo que no siempre es posible evitarlos.
Preparación: son las actividades orientadas a
asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los
procedimientos para enfrentar una situación de emergencia.
Atención de emergencias: es el conjunto de acciones de respuesta
para proteger a la población, los bienes y el ambiente ante la ocurrencia de un
evento adverso.
Rehabilitación: es la puesta en funcionamiento, en el
menor tiempo posible, de los servicios básicos afectados por un evento adverso.
Recuperación: luego de un evento adverso, es el
esfuerzo por promover condiciones de vida adecuadas y sostenibles, incluyendo
la reactivación del desarrollo económico y social de la comunidad en
condiciones más seguras.
La Gestión Integral del
Riesgo, su alcance social y normativo en la Administración Pública
La
gestión integral del riesgo se consolida en las directrices sociales y
normativas en las que se desarrolla la Administración Pública en México,
derivado de un esfuerzo constante por mejorar la seguridad e integridad de las
personas en materia de prevención de desastres, a través de políticas públicas,
normas y programas que trabajan para aplicar procedimientos y gestiones que
permiten evaluar riesgos y actuar ante ellos.
De
la necesidad social de prevenir y actuar ante los agentes perturbadores en
nuestro país, surgen políticas públicas que encauzan la creación de normas, que
establecen los parámetros y elementos necesarios para la gestión integral del
riesgo (GIR) ante desastres que aportan a la capacidad resiliente de nuestra
sociedad y de nuestros órganos gubernamentales.
La
trascendencia social en el ámbito de la prevención de desastres y la gestión
integral del riesgo (GIR), se encuentra estrechamente vinculada, ya que de
acuerdo con distintas teorías de especialistas y con las expectativas físicas
desarrolladas en un ámbito territorial se determina como pieza clave al
elemento social, que es la estructura de la que preponderantemente el Estado
busca el bienestar, sin dejar de lado otros conjuntos que de igual forma
resultan importantes, pero que se preponderan de distinta manera, pues el
Estado tiene la obligación de buscar primordialmente el bienestar del individuo
en grupo, de acuerdo con marco de las leyes que lo rigen.
¿Qué
tiene que ver el ámbito social con un desastre?
Hewitt
Kenneth, postula que el enfoque dominante en el estudio para enfrentar los
desastres se concibe como eventos temporal y territorialmente segregados en los
cuales la causalidad principal deriva de procesos físico-naturales, con un
preponderante elemento para configurarlo como “desastre”: el impacto
perjudicial en la sociedad.
Por
lo que podemos concluir que un agente perturbador aislado, no representa un
“desastre”, este se extiende cuando toca conjuntos sociales generando
coyunturas en la infraestructura, relaciones humanas y aquellos elementos que
configuran la estructura social en determinado territorio, ya que las
condicionantes sociológicas son una constante en la manera de abordar el
estudio de los desastres naturales y el impacto social que estos conlleven.
El alcance social de la gestión integral del riesgo deriva de la
democratización, el desarrollo territorial, el estudio poblacional, el empleo y
las distintas formas de organización social, considerando
que las causas sociales e históricas establecen parámetros que permiten
analizar el estudio de procesos, tendencias y ciclos a través del constante
monitoreo y el registro de las manifestaciones de estos agentes.
Lo
anterior nos permite realizar un análisis del comportamiento colectivo e
individual bajo condiciones de emergencia, información que resulta sustancial
para la actividad de la Administración Pública, porque permite generar una
estructura de acción entre el gobierno y la sociedad.
Señala
que un desastre es resultado de los procesos sociales históricos y
territoriales bajo circunstancias extremas en la dinámica social carente de una
óptima capacidad resiliente en el individuo.
La
resiliencia en un individuo se conforma por la capacidad emocional y cognitiva
que le permite actuar ante un desastre o bien evitarlo, ya que este concepto
muchas veces se encuentra fuera del conjunto esquemático en el que se
desarrolla el individuo, y en el momento que este concepto irrumpe en su
esquema de vida, carece de la capacidad para recibirlo y dar una respuesta
adecuada ante la situación que se desencadena.
Así,
podemos considerar la importancia que tiene la Administración Pública en los
tres ámbitos de gobierno, difundir y proporcionar información que permita crear
una conciencia resiliente en los ciudadanos, y sensibilizar a los grupos
sociales con el objetivo de salvaguardar sus vidas, ya que la prevención de
desastres y protección civil, son elementos que deben coexistir de manera
permanente en los distintos ámbitos de la sociedad.
La
Administración Pública debe emitir las líneas que dirijan la acción social en
este sentido, que se podrá lograr fijando las problemáticas específicas, que
permitirán a su vez evaluar para modificar y mejorar las situaciones.
Los
sectores gubernamentales deben contemplar los diversos tipos de vulnerabilidad
que configuran un desastre: vulnerabilidad física, económica, social, política,
ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional, esto con la
finalidad de combatirla mediante programas y actividades que coadyuven al mejor
desarrollo del país.
El
reflejo social debe servir para crear herramientas de trabajo desde las instituciones
de gobierno o las organizaciones no gubernamentales, para promover la
dignificación de la vida de los seres vivos, así como fortalecer la autonomía
comunitaria como estrategia para concretar ese propósito14.
El
manejo de los desastres en los países más desarrollados constituye un problema
fundamentalmente logístico 15: la rapidez y la respuesta juntas ya
que este elemento constituye un factor esencial para la atención de las
emergencias.
Durante
los desastres se agudizan las amenazas contra la vida, bienes y servicios, así
como las oportunidades de los miembros de las comunidades afectadas. Un
programa de prevención del desastre debe satisfacer parcialmente esas
aspiraciones como prioritarias.
La
Administración Pública debe de instaurar en todos sus programas el componente
de prevención de los posibles desastres; el establecer nuestra ocupación como
agentes reguladores en las comunidades en las que habitamos y trabajamos, como
actores de las crisis que afectan a nuestras comunidades.
El
alcance social de la GIR es completamente vinculante ya que del individuo
derivará la correcta operación de esta gestión. La resiliencia es un elemento
estratégico que forma parte esencial de la GIR, en la que debemos considerar la
organización y coordinación de percibir y reducir el riesgo ante desastres, los
grupos sociales deben crear coaliciones entre las localidades, con el fin de
comprender su papel en la GIR y de esta forma prepararse.
La
Administración Pública deben mantener actualizada la información referente a
las amenazas y vulnerabilidades, preparando evaluaciones de riesgo fomentando
el uso de los planes y el óptimo de desarrollo urbano.
Realizar
un análisis de la seguridad en infraestructura considerada estratégica como
escuelas y los centros de salud, que cumplan con los reglamentos de
construcción y desarrollo urbano, identificar los zonas seguras para las
personas que forman parte de un sector de la población más vulnerable con el
fin de reducir asentamientos informales, a través del desarrollo de programas
de educación y capacitación sobre la reducción del riesgo de desastres, la
instalación de sistemas de alerta temprana, desarrollar las capacidades de
gestión de emergencias en sus localidades practicando continuamente simulacros
de preparación pública.
Desarrollo de comunidades
y sociedades resilientes a los desastres
El
desarrollo de comunidades y sociedades resilientes a los desastres requiere de
un preciso reconocimiento y análisis de los riesgos que las comunidades o
sociedades enfrentan y de que todas las partes involucradas, desde los
organismos de gobierno hasta cada uno de los residentes locales, comprendan
cabalmente tales riesgos.
Es
necesario aplicar medidas preparatorias, como construir estructuras para
prevenir y mitigar los daños causados por desastres, desarrollar leyes y
sistemas que permitan responder de una forma adecuada y puntual a los
desastres, y al mismo tiempo entrenar a administradores de desastres.
El
proyecto intenta dotar a cada habitante de las capacidades y así prepararse
para los desastres, a través de las actividades comunitarias.
Se
designará una comunidad piloto para cada área vulnerable a inundaciones,
deslizamientos o sismos y se realizaran las actividades en el proyecto:
● Talleres de concientización,
elaboración de mapas de riesgos y realización de simulacros de evacuación
utilizando dichos mapas.
● Construcción de sistemas de alerta
temprana en las comunidades con pluviómetros sencillos caseros.
● Educación para la gestión de desastres
dirigida a los niños en las escuelas, junto con los maestros y los
administradores regionales de protección civil, para promover la preparación
ante los desastres, la cual se espera que sea difundida a través de los niños
en sus casas y en toda la comunidad en un proceso de participación.
La
conciencia pública sobre la necesidad de estar preparados para los desastres
estará aumentando gradualmente, a través de la participación activa de la gente
en las actividades del proyecto, como por ejemplo en la selección de la
ubicación de refugios de evacuación y rutas de evacuación, así como en el
mantenimiento de los pluviómetros.
Por
otro lado, se realizan esfuerzos para establecer comités comunitarios para la
gestión de riesgos y desarrollar planes comunitarios para la gestión de
desastres con el fin de llevar a cabo las actividades antes mencionadas de
manera sustentable.
Las
Comunidades Seguras deben tener estas características:
1. Una infraestructura
basada en alianzas de confianza y colaboración, liderada por un grupo
multisectorial responsable de la promoción de la seguridad.
2. Programas sostenibles
a largo plazo con cobertura de ambos sexos, edades, ambientes y situaciones
específicas.
3. Programas focalizados
a grupos y ambientes de alto riesgo, que promuevan la seguridad de los grupos
vulnerables.
4. Programas que
documenten la frecuencia y las causas de eventos de riesgo.
5. Medidas para evaluar
los programas, procesos y el efecto del cambio.
6. Participación activa en comisiones o directivas comunitarias.
En
conclusión, el PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA
INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, significa la
administración de proyectos referidos a la reducción de riesgos.
Es
decir, que las instituciones y comunidades deben echar a andar, de la mejor
manera posible, sus proyectos de gestión de riesgos.
Para
aumentar los resultados y el impacto social necesario se requiere apoyarse,
fundamentalmente, en cuatro pilares básicos: Estrategia, Cultura, Estructura y
Ejecución.
REFERENCIAS
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CENAPRED
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y evaluación de las capacidades de respuesta ante emergencias con materiales y
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• 14.
Ídem, “… desarrolla la teoría sobre los desastres como fenómeno social que
puede ser utilizada como una herramienta de trabajo…”
• 15.
Ídem, “… establece como un elemento preponderante para repeler riesgos y
prevenir desastres el concepto logístico como “…factor esencial para la
atención de emergencias…”
TRABAJO PRESENTADO EN EL 1er. ENCUENTRO SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE GESTION DE RIESGO Y SU RELACIÓN CON LOS FENÓMENOS GEOLÓGICOS E HIDROMETEOROLÓGICOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUERRERO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 ANTE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LA LICENCIATURA EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.
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